El derecho a la educación lingüística es un principio fundamental para promover la participación ciudadana y la democratización del acceso al conocimiento. La decisión de extender este derecho a todos los contextos, incluso a los sectores más vulnerables y excluidos socialmente, se funda en el valor formativo de la enseñanza de toda lengua -se trate de la lengua de escolarización o de una lengua extranjera-, en su potencialidad para favorecer la construcción de relaciones humanas respetuosas de la diferencia.
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